Relevante es trascribir lo expuesto por los articulistas ANA MARIA SANCHEZ y FELIPE LEON sobre la primera decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal – luego de la Ley 1761 de 2015 mediante la cual se implementó como tipo especial la conducta punible de feminicidio en el artículo 104A y siguientes del estatuto colombiano, ley 599de 2000. Señalan los autores de este artículo lo siguiente:




Dentro del desarrollo social y político del país de los últimos años, especialmente en lo referido a la última década, el tema del empoderamiento femenino con las consecuentes reivindicaciones por el pleno goce y aseguramiento de los derechos y libertades de las mujeres se ha convertido en uno de los principales motores de cambio social.

El derecho, en su función de regulación de las relaciones sociales, no ha sido ajeno al cambio del papel de la mujer en la sociedad, y por ello se ha venido progresando lentamente y con muchas trabas frente a la realidad y necesidades contemporáneas que requiere una sociedad igualitaria con plena garantía de derechos, no solo para las mujeres, sino también para las distintas expresiones e identidades de sexos, sexualidades y géneros en su calidad de personas con plena dignidad humana.

Así pues, en lo relativo a expresiones jurídicas de la nueva concepción de la mujer en sociedad, es posible señalar la Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres; la Ley 1236 de 2008, por medio del cual se modifican algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual; o la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Todas ellas con sus respectivos decretos, reglamentaciones y políticas públicas del orden nacional y territorial.




Lo anterior dentro de los parámetros de los mecanismos internacionales, especialmente de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Sidh, ratificados por Colombia, específicamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.




Paralelo a ello, es necesario resaltar el papel de la Corte Constitucional, que en su interpretación y aplicación finalista de la Constitución de 1991 se convirtió en una garante fundamental de los derechos de las mujeres, entre los que vale resaltar la protección de la maternidad, la interrupción voluntaria del embarazo y el goce de derechos sexuales y reproductivos. A propósito de ellos, las mujeres enfrentadas a un Estado machista, patriarcal y falocéntrico, han logrado convertirse en sujetos plenos de derechos, a través del activismo judicial, entre otras formas de lucha y resistencia contra el viejo derecho que poco aseguraba los derechos humanos de la mujer.

Sin perjuicio de lo anterior, y en el contexto descrito, las aportaciones jurídicas emanadas de la actividad y providencias judiciales de la jurisdicción ordinaria, especialmente en lo referido a materias civil y penal, han presentado un desarrollo menos progresivo, por lo que la sentencia a analizar cobra tanta relevancia.




La sentencia del 4 de marzo de 2015, escasos cuatro días antes de la conmemoración internacional del día de la mujer trabajadora y la lucha por sus derechos, de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, en la cual la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emite por primera vez una providencia que trate el feminicidio como agravante del homicidio, desde su introducción al sistema jurídico colombiano, específicamente penal, mediante la Ley 1257 de 2008, que lo define como aquel homicidio “Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer”.

Por lo anterior es toda una novedad jurisprudencial. El análisis de la sentencia cobra total relevancia como un mecanismo de empoderamiento de las mujeres en la lucha por sus derechos, y un referente obligado de la sociedad colombiana, y de los hombres, en la construcción de la igualdad de género sin ningún tipo de discriminación para el aseguramiento pleno de derechos y de la dignidad humana para todos y para todas, especialmente para las mujeres, quienes han sido las principales víctimas del conflicto social, político y armado que sufre el país.

Por todo lo anterior, el análisis de la presente sentencia cobra tanta relevancia en el sistema jurídico actual del país, una sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia en la que se discute el feminicidio como agravante del homicidio en razón a violencia, discriminación y dominación de la cual es víctima la mujer por su condición como tal”.




Entonces, ha sido de suma importancia para la sociedad y las mujeres en especial la tipificación del delito de feminicidio que se relieva en la sentencia del 4 de marzo de 2015 de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sentencia que en próxima oportunidad trascribiremos como complemento jurídico tratado en este artículo por los profesionales arriba nombrados.




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